La Corte Suprema, con votos de los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti dejó sin efecto la decisión de la Cámara Federal de Córdoba en autos ”A., V. M. c/ O.S.F.G.P.I.C. y D. s/ Amparo Ley 16.986” donde, para conceder una medida cautelar, se exigió como contracautela la caución personal de dos letrados de la matrícula federal.
La medida cautelar dispuesta consistió en ordenar a la obra social la cobertura de las prestaciones de rehabilitación y apoyo necesarias para su proceso de formación laboral del accionante, que padece de retinosis pigmentaria bilateral, lo cual provocó “una pérdida total e irreversible de la visión”.
La Cámara, para conceder la medida, sostuvo que el artículo 200, inciso 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé la exención de contracautela para quien actuare con beneficio de litigar sin gastos, pero interpretó que no se encuentra alcanzado por esa norma “quien tiene ese beneficio en trámite”. Por ello, fijó una contracautela “hasta que se resolviera el incidente en cuestión”.
El amparista, que contaba con la asistencia de una defensora oficial, introdujo un recurso extraordinario argumentando que se trataba de la imposición “de un recaudo de imposible cumplimiento para la actora, esto es, obtener la fianza de dos letrados de la matrícula federal”, por lesionar “su derecho a acceder a la Justicia”.
Los supremos, con remisión al dictamen del procurador Victor Abramovich, consideraron que la interpretación realizada por la Cámara del alcance de la exención de la contracautela “limita irrazonablemente el derecho a la tutela judicial efectiva de índole cautelar, respecto de los derechos de una persona en situación de vulnerabilidad” y concluyeron que se trató “de un rigorismo formal irrazonable que vulnera el acceso igualitario a la protección judicial en materia cautelar”
El dictamen de Abramovich admitió que, a pesar de que aún no se haya resuelto el incidente por el que tramita su solicitud del beneficio de litigar sin gastos, había que tener en consideración “que el actor actúa con el patrocinio de la defensora oficial y manifiesta no poder afrontar los gastos de este proceso judicial ni de la contracautela correspondiente.